Acceso usuarios
Alejandro Faya Rodríguez
La economía digital aporta una buena dosis de eficiencia y conlleva más convenientes que inconvenientes. Sin embargo, nada garantiza que no haya más inconvenientes en el futuro ni que estos beneficios se mantengan en el tiempo. Un déficit de competencia en cualquier sector, y más aún en la economía digital, requiere medidas enérgicas de política pública y el desarrollo de un ecosistema caracterizado por una contestabilidad razonable. Las externalidades negativas —incluidos los problemas de privacidad, los derechos de los consumidores y el uso indebido de la información, entre otros— también deben controlarse mediante la acción pública. Este artículo explica en primer lugar cómo estos modelos de negocio se comportan de forma diferente, a diferencia de las industrias tradicionales, y examina la evolución reciente en las jurisdicciones europea y estadounidense. A continuación, identifica los retos futuros y las posibles soluciones desde la perspectiva tanto de las políticas reguladoras como de las de competencia, como medidas complementarias, al tiempo que destaca el equilibrio que debe prevalecer entre acoger las inversiones y la innovación, y proteger el interés público.
The digital economy provides a good dose of efficiency and it brings about more benefits than costs. However, nothing guarantees that there will be no further costs or that these benefits will remain over time. A competition deficit in any sector, even more so in the digital economy, requires strong public policy measures and the development of an ecosystem characterized by reasonable contestability. Negative externalities— including privacy issues, consumer rights and misuse of information, among others—should also be controlled through public action. This article first explains how these business models behave differently, as opposed to traditional industries, and considers recent developments in the European and American jurisdictions. It then identifies the challenges ahead and possible solutions from the perspective of both regulatory and competition policies, as complementary measures, while highlighting the balance that must prevail between embracing investments and innovation, and protecting the public interest.
