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María Soledad Soriano Amores
En la hoja de ruta marcada por la Unión Europea para transitar hacia una economía circular tienen particular protagonismo las actuaciones relacionadas con la gestión de los residuos. En nuestro país, la norma que incorpora la mayoría de las reformas comunitarias en esta materia ha sido la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (en adelante LRSEC). Entre las novedades de esta norma se encuentra la regulación con mayor detalle de aspectos ya previstos de forma más genérica, entre otras razones, porque los avances acaecidos no han dado plena respuesta a los objetivos planteados, especialmente en el ámbito local y, por ello mismo, serán centro de nuestra atención en este trabajo. En particular, sobre una actuación con poca o nula implantación en el ámbito local: la planificación; pues, los distintos instrumentos de planificación se erigen en documentos técnico-jurídicos fundamentales, en tanto vienen a prever medidas concretas a llevar a cabo para alcanzar la finalidad pretendida por la normativa. Además, en estos instrumentos encuentran efectivo reflejo los fundamentos de principios fundamentales en esta materia: prevaleciendo la jerarquía de residuos y el principio de eficiencia. El papel de las Entidades locales en el actual marco de actuación es clave. Al fin y al cabo, los consumidores residen en municipios y la forma de abordar la gestión de los residuos por los responsables municipales puede impulsar o ralentizar la consecución de los objetivos marcados. La consecución de los objetivos establecidos encuentra en los instrumentos de planificación la forma de mostrar la hoja de ruta específica que posibilite ir avanzando hacia el modelo definido: economía circular. Así, en el actual marco normativo, las Entidades locales han de complementar las tradicionales ordenanzas con los documentos que reflejan las acciones específicas a llevar a cabo para alcanzar los objetivos marcados, fundamentalmente los programas de gestión de residuos municipales y programas de prevención, previstos en la norma previa y ahora exigidos por la LRSEC (a los que se unen los instrumentos incorporados por algunas Comunidades Autónomas, como los planes de economía circular o los planes locales de recogida de residuos).
In the roadmap set out by the European Union to move towards a circular economy, actions related to waste management have a particular role. In our country, the law that incorporates most of the community reforms in this area has been Law 7/2022, of April 8, on Waste and Contaminated Soils for a Circular Economy (hereinafter LRSEC). Among the novelties of this law is the regulation in greater detail of aspects already provided for in the law that it repeals, among other reasons, because the progress made has not fully responded to the objectives set, especially at the local level and, for this very reason, they will be the focus of our attention in this work. In the area of waste management, planning instruments are fundamental technical-legal documents, as they determine the specific measures to be carried out to achieve the purpose intended by the regulations. These instruments effectively reflect the foundations of fundamental principles in this area: mainly the waste hierarchy and the principle of efficiency. The role of local authorities in the current framework of action is key. After all, consumers reside in municipalities and the actions of municipal officials can promote or slow down the achievement of the objectives set. In the area that concerns us, specific technical actions must be carried out to adapt waste management to the regulatory requirements that are reflected in these documents and, in this way, design the specific roadmap that will makes it possible to move towards the defined model: circular economy. To this end, local entities must complement traditional ordinances with documents that reflect the specific actions to be carried out to achieve the objectives set, mainly municipal waste management programs and prevention programs, provided for in the previous regulation and now required by the LRSEC (to which are added the instruments incorporated by some Autonomous Communities, such as circular economy plans or local waste collection plans).
