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Alon Harel
El Tribunal Israelí recientemente escuchó peticiones solicitando la anulación de una enmienda a una de las Leyes Básicas de Israel . La pregunta principal que enfrentaba el Tribunal era si tenía el poder de invalidar leyes básicas que entraran en conflicto con los principios fundamentales de Israel, en particular, con su identidad como un Estado judío y democrático . El Tribunal decidió que tiene dichos poderes y también decidió invalidar la enmienda . Esta decisión quizás sea el caso constitucional más importante en Israel desde 1995, cuando el Tribunal determinó que tenía el poder de invalidar es-tatutos normales que entraran en conflicto con las leyes básicas.Este artículo examina los fundamentos jurisprudenciales de esta decisión . Mi con-clusión es que el Estado de Israel es una democracia constitucional y que los valores subyacentes a un régimen de democracia constitucional son valores “supraconstitucio-nales” de Israel . Además, el poder judicial tiene el deber de hacer cumplir estos valores declarando la invalidez de las leyes básicas que entren en conflicto con los valores fundamentales del Estado como una democracia constitucional .
The Israeli Court recently heard petitions requesting the invalidation of an amendment to one of Israel’s Basic Laws. The primary question facing the Court was whether it has the power to invalidate basic laws which conflict with the fundamental principles of Israel, in particular, with its identity as a Jewish and democratic state. The Court decided that it has such powers and also decided to invalidate the Amendment. This decision is perhaps the most important constitutional case in Israel since 1995 when the Court decided it has the power to invalidate regular statutes which conflict with the basic laws. This Article examines the jurisprudential grounding of this decision. My conclusion is that the State of Israel is a constitutional democracy and that the values underlying a regime of constitutional democracy are “supra-constitutional” values of Israel. Further, the judiciary has a duty to enforce these values by declaring the invalidity of basic laws that conflict with the foundational values of the State as a constitutional democracy.
