La digitalización de la justicia se presenta como una herramienta de mejora en la eficiencia y el acceso a los juzgados y tribunales, pero también acarrea riesgos significativos de exclusión y desigualdad. El concepto de despotismo informático surge como una amenaza cuando la implementación tecnológica no tiene en cuenta las desigualdades sociales y geográficas. En este artículo, se exploran los beneficios y desafíos asociados a la digitalización procesal, destacando los riesgos de generar nuevas formas de exclusión. Se proponen soluciones para asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse del proceso, como la inversión en infraestructura tecnológica y la formación adecuada para los operadores procesales.