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La Decisión marco 2002/465/JAI fue transpuesta en España en la Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea. Al tiempo de su publicación fue una norma pionera para combatir la delincuencia transfronteriza, especialmente en la lucha contra el terrorismo. No obstante, su limitado ámbito de aplicación territorial, así como el insólito régimen dual, asimétrico y poco homogéneo de constitución de los equipos que establece, entre otras singularidades de nuestro sistema legal, están dificultando la deseable aplicación generalizada por parte de las autoridades españolas, en un contexto de crecientes desafíos en la lucha contra la criminalidad organizada, especialmente para un país como España geoestratégicamente situado en uno de los cinco ejes criminales del continente europeo. La presente contribución analiza las principales cuestiones controvertidas y disfunciones apreciadas en la práctica, realizando al mismo tiempo propuestas de mejora para un futuro marco legal en España.
Framework Decision 2002/465/JHA was transposed in Spain in Act 11/2003, of 21 May, regulating joint criminal investigation teams within the European Union. At the time of its adoption, it was a pioneering piece of legislation to combat cross-border crime, especially in the fight against terrorism. However, its limited territorial scope of application, as well as the unusual dual, asymmetrical and inhomogeneous system for setting up the teams it establishes, among other singularities of our legal system, are hindering the desirable widespread application by the Spanish authorities, in a context of growing challenges in the fight against organised crime, especially for a country like Spain, geostrategically located in one of the five criminal axes of the European continent. This contribution analyses the main controversial issues and dysfunctions observed in practice, while making proposals for improvement for a future legal framework in Spain.
