El caso que originó esta sentencia parte de una situación controvertida en la que una trabajadora, tras ser empleada durante años por diferentes empresas, alegó cesión ilegal contra una empresa principal y su contratista. La cuestión planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea buscaba esclarecer el alcance de la Directiva 2008/104/CE, cuestionando si esta normativa podría aplicarse a empresas que no están formalmente autorizadas como ETT. El fallo del TJUE resolvió que la Directiva no se limita exclusivamente a empresas reconocidas como tales, sino que también abarca aquellas que, sin autorización administrativa, operan con prácticas similares a las de una ETT.