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Valencia, España
Barcelona, España
Las políticas de normalización de lenguas minorizadas suelen ser criticadas desde una presunción favorable al monolingüismo; en el debate público español esta presunción se suele asentar sobre la consideración de que el estatus del castellano como «lengua común» de la ciudadanía española es un «hecho bruto» que no cabría modificar mediante políticas públicas. Este artículo argumenta: (1) que tal «hecho» es en realidad el resultado de una serie de políticas públicas, pasadas y presentes; (2) que dichas políticas públicas coloca a los hablantes de lenguas minorizadas en una situación de subalternidad injusta; y (3) que, por tanto, se pueden y se deben corregir los efectos de dichas políticas públicas mediante otras basadas en una presunción favorable al multilingüismo, que aseguren una distribución equitativa de los costes y beneficios de la convivencia entre los hablantes de la lengua dominante y los de las lenguas minorizadas.
Promotion policies for minoritized languages are usually criticized on the grounds of a pro-monolingual presumption; in Spanish public debate, this presumption usually relies on considering that the status of Spanish language as the «common language» of Spanish citizens is a «brute fact» that should not be modified through public policies. This article argues: (1) that such «fact» is actually the result of a set of public policies, past and present; (2) that such public policies put speakers of minoritized languages in a position of unjust subalternity; and (3) that, therefore, the effects of those public policies can and should be corrected through other policies based upon a pro-multilingual presumption, thus ensuring a fair distribution of the costs and benefits of living together among speakers of the dominant language and those of minoritized languages.
