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Desde finales del siglo XIX aparecieron algunas iniciativas para fomentar la creación de cooperativas mediante la concesión de beneficios fiscales. Ya en la siguiente centuria, el decreto de 14 de enero de 1925 ordenó la creación de una comisión que, entre otras medidas, propondría el establecimiento de un régimen tributario que gravase a las cooperativas de la forma más equitativa posible, además de la concesión de subvenciones y préstamos gratuitos o a bajo interés. Por su parte, en el anteproyecto de ley sobre cooperativas de 1929, redactado por la Comisión de Obras Sociales del Ministerio de Trabajo, se contemplaba que quedasen exceptuadas del pago de la contribución industrial y de utilidades, siempre que no persiguieran lucro o sirvieran a personas extrañas.
