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El presente comentario tiene por objeto analizar tres sentencias del Tribunal Constitucional que se insertan en la saga iniciada ya por el máximo intérprete de nuestra Constitución sobre el voto telemático y que ayudan tanto a delimitar como a perfilar los límites del voto telemático. Las tres sentencias resuelven tres recursos de amparo que traen causa en un único acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, por el cual se desestimaban tres reconsideraciones que discutían la validez de dos acuerdos de la Mesa, por los cuales se establecía un régimen transitorio del voto telemático y, aplicándolo, se autoriza de un voto telemático a un diputado, que se encontraba en situación de rebeldía en un proceso penal en la aplicación del acuerdo anterior. Para dirimir estos casos, el Tribunal Constitucional aplica su doctrina jurisprudencial sobre el voto telemático establecida en Sentencias como la 65/2022, de 31 de mayo. Sin embargo, lleva a cabo un razonamiento inductivo que creemos que no es del todo acertado. Asimismo, desaprovecha la oportunidad de actualizar o ratificar su jurisprudencia respecto de cuestiones fundamentales como la relación entre los Reglamentos parlamentarios y las normas interpretativas de los mismos.
The purpose of this commentary is to analyze three rulings of the Spanish Constitutional Court that are part of the saga initiated by the highest inter-preter of our Constitution on telematic voting, and that help to delimit and outline the limits of telematic voting. The three rulings settle three appeals for constitutional protection (amparo) arising from a single agreement of the Catalan parliamentary board, which rejected three reconsiderations that disputed the validity of two agreements of the board, which established a transitional regime for telematic voting and the authorization of telematic voting to a deputy, who was on the run from justice, in the application of the previous agreement. To settle these cases, the Constitutional Court applies its jurisprudence on telematic voting established in Rulings such as 65/2022, of May 31, however, it carries out an inductive reasoning that we believe is not entirely correct. Likewise, it misses the opportunity to update or ratify its jurisprudence with respect to fundamental issues such as the relationship between the Regulations and the interpretative rules thereof.
