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En este artículo se analiza la puntera jurisprudencia desarrollada en las dos últimas décadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre la tierra y los recursos naturales para combatir la discriminación, la situación de vulnerabilidad y la exclusión política que padece este colectivo. La mayor equiparación en derechos resultante de esos avances se sustenta sobre una mayor equiparación cultural, que a su vez ha conducido al reconocimiento de su derecho consuetudinario como fuente de derecho. En adición, recientemente ha vinculado la protección del territorio ancestral con la protección medioambiental. Con todo, también se detectan algunos problemas que pueden sintetizarse en la falta de plena adecuación de la interpretación del art. 21 Convención Americana sobre Derechos Humanos a la cosmovisión indígena, pese a los esfuerzos de la Corte, y en el uso de la propiedad privada como sustrato para el derecho de autodeterminación. Este trabajo examina esos problemas para finalizar con varias propuestas de mejora.
