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Núria Borràs Andrés
Las normas de competencia territorial en el ordenamiento procesal civil español constituyen un sistema disperso y fragmentado, deudor de una época pasada en que la cercanía territorial de los órganos jurisdiccionales era el único modo de garantizar a los ciu-dadanos un mínimo acceso a la tutela judicial. El sistema actual de distribución territorial de la competencia sigue anclado en los antiguos paradigmas, y todavía no ha incorporado en su rationormativa los cambios tecnológicos que están permitiendo la superación de las garantías de proximidad y de presencialidad. En este trabajo analizamos las recientes reformas procesales aprobadas en España y orientadas a la eficiencia procesal y digital, y ponemos bajo examen la actual razón de ser de los fueros territoriales, con el objetivo de cuestionar la vigencia de muchos de ellos. Se parte de la hipótesis de que la proximidad territorial a los sujetos y elementos de prueba ya no es suficiente justificación y se concluye la necesidad y la adecuación legal y constitucional de configurar un sistema que tenga en cuenta otros criterios más vinculados a la eficiencia procesal.
The rules of territorial jurisdiction in the Spanish civil procedural system form a system which is dispersed and fragmented, indebted to a bygone era in which the territorial proximity of the courts was the only way to guarantee citizens an adequate access to justice. The current criteria for the territorial distribution of civil disputes is still anchored in the old paradigms, and has not yet incorporated into its regulatory ratio the technological changes that allow the requirements of proximity and presence to be overcome. In this paper, we analyse the recent procedural reforms approved in Spain and aimed at improving procedu-ral and digital efficiency, and we examine the current basis of the territorial jurisdiction ru-les, with the aim of questioning the validity of many of them. We start from the assumption that territorial proximity to the subjects and elements of evidence is no longer sufficient jus-tification, and conclude the need and the legal and constitutional adequacy of configuring a system that takes into account other criteria more closely linked to procedural efficiency.
