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Francisco Agustín Rodrigo Sanbartolomé
Pese a que la labor del legislador y la aplicación de las normas sancionadoras por parte de la Administración pública está limitada constitucionalmente, en favor de la seguridad jurídica de los ciudadanos (art. 9.3 CE), por los principios jurídicos de legalidad y tipicidad (art. 25.1 CE), en la actualidad, es posible encontrar distintos ejemplos de supuestos de hecho en los que por la Administración se sancionan (y por el poder judicial se confirman) actuaciones empresariales consistentes en el recurso a la subcontratación de las tareas afectadas por la huelga. Con independencia de que exista jurisprudencia favorable al reconocimiento, para ciertos aspectos o manifestaciones, del denominado esquirolaje organizativo o comercial, lo cierto es que estas conductas no se contemplan expresamente en la literalidad del precepto sancionador aplicable al esquirolaje (art. 8.10 LISOS) generándose, por tanto, fundadas dudas sobre la admisibilidad jurídica de las aquellas sanciones.
Con base en este planteamiento, en el presente trabajo se parte del análisis conceptual de los distintos tipos de esquirolaje y de la exégesis jurídica de los preceptos sancionadores que les son aplicables y, tras un detenido estudio de los principales principios que delimitan la actividad sancionadora de la Administración Pública y el ejercicio del ius puniendi del Estado, se finaliza con una revisión crítica de las sentencias más significativas que inciden sobre estas cuestiones.
Although the work of the legislator and the application of sanctioning norms by the Public Administrations is constitutionally limited, in favor of the legal security of citizens (art. 9.3 CE), by the principles of legality and typicality (art. 25.1 CE), currently, it is possible to find different examples of cases in which the Administration sanctions (and the judges confirms) actions in order to subcontracting the tasks affected by the strike. Regardless of whether there is jurisprudence favorable to the recognition, for certain aspects or manifestations, of the so-called organizational or commercial scab, the truth is that these behaviors are not expressly contemplated in the literal wording of the sanctioning provision applicable to scab (art. 8.10 LISOS) generating, therefore, well-founded doubts about the legal admissibility of those sanctions.
Based on this approach, this work begins with the conceptual analysis of the different types of scabs and the sanctioning precepts that are applicable to them and, after a careful study of the main principles that delimit the sanctioning activity of Public Administration, ends with a critical review of the most significant judicial decisions.
