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Patricia Plana de Juan
El análisis de la jurisprudencia de los delitos de anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas refleja un respeto por la literalidad de la norma por parte de los jueces del Tribunal Supremo. Ello supone una garantía para el buen desempeño de la función pública en cuanto a cuándo y de qué forma uno asume o deja un cargo público, sobre todo ante cuestiones como la separación de poderes. Así, la jurisprudencia sobre el delito de prolongación de funciones, concretamente, aplica de forma contundente las previsiones para las municipalidades evitando injerencias de figuras como los Gobernadores civiles. También destaca el valor que se le da a los cargos provistos a través de elecciones populares, remarcando la gravedad de mantenerse indebidamente en estos. Aunque menos numerosa, la jurisprudencia sobre la anticipación y el abandono de funciones se hacen eco también del respeto hacia la norma. En este segundo delito, se hace una mayor interpretación en la determinación del “daño a la causa pública”, requisito que exige este delito, como un daño moral o una paralización del órgano o institución en el que el funcionario se inserte. Aun así, esta interpretación que concreta la literalidad del precepto es constante en la jurisprudencia que aquí hemos estudiado.
The analysis of case law of the crimes of anticipation, prolongation and abandonment of public functions reflects the respect of the Spanish Supreme Court towards law’s provisions. This is a guarantee for the proper performance of the public function as towhen and in what manner one assumes or leaves a public office, especially regarding issues such as the separation of powers. Thus, the jurisprudence on the crime of prolongation of functions, specifically, applies in a forceful manner the provisions for municipalities, avoiding interference by figures such as gobernadores civiles. It also emphasizes the value given to the positions provided through popular elections, highlighting the seriousness of unduly holding such positions. Although less numerous, the jurisprudence on the anticipation and abandonment of functions also echoes the respect for the norm. In this second crime, a greater interpretation is made in the determination of the "damage to the public cause", requirement that this crime demands, as amoral damage or a paralyzation of the organ or institution in which the official is inserted. Even so, this interpretation that specifies the literal meaning of the precept is constant in the jurisprudence that we have studied here.
