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Desde los primeros textos de la codificación se castigan diversas modalidades de usurpación (patrimoniales y no patrimoniales). Entre las últimas, destacan las de funciones y atribuciones, que en ocasiones son confundidas. Las primeras son cometidas por particulares. Las segundas, por agentes del Estado que, excediéndose en el ejercicio de sus competencias, invaden el ámbito de poder de otros sujetos públicos. La jurisprudencia no se ha ocupado con especial prolijidad de ninguna modalidad de ellas, a pesar de la cadencia con que aparecen supuestos de tal clase (especialmente de autoridades administrativas que se arrogan atribuciones jurisdiccionales). Desde el CP de 1822 hasta el de 1995 han permanecido, prácticamente inalteradas, las mismas letras en los textos penales. Esta relativa estabilidad y su escasa presencia en la praxiscasacional (a la que no siempre han podido acceder todos los delitos) explica, en parte, la escasa aportación jurisprudencial y doctrinal a la formación de estos delitos (lo que no impide reconocer ciertas contribuciones). En definitiva, al contrario de lo que sucede con otras clases de delitos (como por ejemplo los sexuales), la jurisprudencia no ha contribuido decisivamente al desarrollo de los delitos de usurpación de atribucionesy de nombramiento ilegal.
Since the first texts of the codification, various types of usurpation (patrimonial and non-patrimonial) have been punished. Among the latter, those of functions and attributions stand out, which are sometimes confused. The former are committed by private individuals. The latter are committed by agents of the State who, exceeding the exercise of their powers, invade the sphere of power of other public subjects. Jurisprudence has not dealt with any particular form of them with particular care, despite the frequency with which cases of this type appear (especially those of administrative authorities who arrogate jurisdictional powers to themselves). From CP 1822 to 1995, the same letters have remained practically unchanged in the penal texts. This relative stability and their scarce presence in court practice (to which not all offences have always had access) explains, in part, the scarce jurisprudential and doctrinal contribution to the formation of these offences (which does not prevent recognising certain contributions). In short, contrary to what happens with other types of offences (such as sexual offences), case law has not contributed decisively to the development of the offences of usurpation of powers and illegal appointment.
