Resumen de Arrendamientos para uso turístico y propiedad horizontal: los recelos llegan a la Sala de lo Civil

José Manuel Busto Lago

• español

  En el año 2019 se reformó la LPH, excluyendo la exigencia de la unanimidad para que las comunidades de propietarios que no hubieran previsto en sus estatutos la prohibición de realizar actividades económicas, en general, o la explotación en régimen de arrendamiento turístico, las viviendas que las integran, pudieran hacerlo a través de un acuerdo adoptado por una mayoría reforzada. El precepto (art. 17.12 LPH) ha sido interpretado y aplicado por la Sala de lo Civil del TS, considerando que avala no solo el acuerdo de limitación del arrendamiento turístico, sino también su prohibición, aun sin carácter retroactivo. La norma en cuestión plantea otras dudas hermenéuticas sobre las que todavía no se ha pronunciado el TS, al tiempo que la huida provocada al arrendamiento de corta duración, por determinadas modificaciones de la LAU en virtud de la Ley 12/2003, plantea otros desafíos legislativos a los que se pretende dar respuesta con distintas iniciativas, tanto por el legislador estatal, como por el de algunas CCAA.

• English

  n 2019, the Spanish Act on Condominiums (Ley de Propiedad Horizontal) was amended, removing the requirement for unanimity so that homeowners' associations, which had not previously included in their bylaws a prohibition against economic activities in general or the operation of properties as short-term tourist rentals, could adopt such measures through a reinforced majority agreement. The provision (Article 17.12 LPH) has been interpreted and applied by the Civil Division of the Supreme Court, which has deemed it to endorse not only the restriction of tourist rentals but also their prohibition, although without retroactive effect. The provision in question raises other interpretative doubts that the Supreme Court has yet to address, while certain amendments to the Urban Lease Act (LAU), which have encouraged short-term rentals, pose additional legislative challenges. These are being addressed through various initiatives by both the national legislature and some regional governments (CCAA).