Diego E. Martínez Pavilla
La inteligencia artificial (IA) ha permeado diversas áreas de la vida cotidiana, destacándose el sector bancario. Desde 2018, su presencia ha crecido notablemente: pasó de estar en el 80 % de los bancos en México, a ser considerado un nuevo «motor de cambio» esencial para la competitividad de las entidades financieras. Sin embargo, este avance en el uso de la IA no se ha visto acompañado por un desarrollo equivalente en la protección del usuario, ya que la normativa mexicana parece rezagada ante los desafíos que plantea ésta tecnología. La discrepancia existente es preocupante, especialmente considerando los riesgos asociadosal uso de la IA y los casos documentados de errores que han afectado a los usuarios, incluyendo decisiones discriminatorias o arbitrarias. En este contexto, el presente trabajo analiza los bancos en México que implementan IA en sus procesos, a fin de contrastar su uso con la protección normativa que provee el Estado para el usuario. Lo anterior, con la finalidad de evidenciar la desproporción entre el creciente uso de la IA y los deficientes estándares de protección al usuario.
Artificial intelligence (AI) has permeated various areas of daily life, especially the banking sector. Since 2018, its presence has grown significantly: it went from being in 80% of banks in Mexico to being considered a new «engine of change», essential for the competitiveness of financial institutions. However, this progress in the use of AI has not been accompanied by an equivalent development in user protection, as Mexican regulations seem to lag behind the challenges posed by this technology. This discrepancy is worrisome, especially considering the risks associated with the use of AI and the documented cases of errors that have affected users, including discriminatory or arbitrary decisions. In this context, this paper analyzes the banks in Mexico that implement AI in their processes, in order to contrast its use with the regulatory protection provided by the State for the user. This allows to evidence the disproportion between the growing use of AI and the deficient standards of user protection.