La Directiva UE 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles de la Unión Europea, es una buena muestra del Derecho del Trabajo unioneuropeo de siglo XXI, de sus contenidos y objetivos. Supone una notable mejora respecto de su antecedente, la Directiva 91/533, y junto al deber de informar, que sale potenciado, se incorporan reglas sobre formas particulares de empleo e instrumentos de garantía de derechos. La aplicación en España está siendo inexplicablemente complicada, con un notable retraso que nos ha puesto en una peligrosa situación de incumplimiento de nuestras obligaciones. Los proyectos de norma de transposición que se han manejado parecen adecuados, aunque son prudentes y conservadores en cuanto a su enfoque. El objetivo de este trabajo es señalar los aspectos más relevantes de esta norma unioneuropea, utilizándola como base para identificar tendencias y señas de identidad del Derecho del Trabajo del siglo XXI. También se prestará atención al potencial impacto de esta norma en nuestro ordenamiento jurídico.
Directive UE 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of June 20 2019, on transparent and predictable working conditions in the European Union is a good example of 21st century EU labour law. It is a notable improvement on its predecessor, Directive 91/533, and together with the duty to inform, which is strengthened, it incorporates rules on forms of employment and instruments for guaranteeing workers’rights. Inplementation in Spain has been inexplicably complicated, with a notable delay that has placed us in a dangerous situation of non-compliance with our obligations. The draft transposition rules that have been discussed seem adequate, although they are cautious and conservative in their approach. The aim of this paper is to point out the most relevant aspects of this EU standard, using it as a basis to identifying trends and hallmarks of 21st century labor law. Attention will also be paid to the potential impact of this standard on our legal system.