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María Luz Martínez Alarcón 
La política de cohesión europea plantea muchas y muy relevantes cuestiones y su análisis puede centrarse en diversos temas. Este artículo analiza la vinculación del Estado de Derecho y la condicionalidad financiera centrando la atención en la cuestión del bien jurídico protegido por el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, aplicable desde el día 1 de enero de 2021. Es evidente que la condicionalidad financiera representa una solución atractiva para actuar contra los incumplimientos del Estado de Derecho cuando otras herramientas no han resultado efectivas. Pero acertar en su diseño resulta fundamental para dotar a dicho instrumento de legitimidad y conjurar así los riesgos de que los Estados miembros puedan utilizarlo para reforzar sentimientos nacionalistas y provocar una desafección europea entre los ciudadanos. Los críticos con el Reglamento sobre condicionalidad lo han presentado como una vía para la expansión de las competencias de la Unión contraria al principio de atribución recogido en el Derecho de los Tratados. Este trabajo intentará desmontar dicha objeción.
European cohesion policy raises many and relevant problems and its research can focus on various topics. This article analyzes the link between the Rule of Law and the financial conditionality, focusing on the object of the Regulation (EU, Euratom) 2020/2092, of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget, applicable from January 1, 2021. Financial conditionality involves an attractive mechanism to act against breaches of the Rule of Law when other tools have not been effective. But a correct design is essential to provide this mechanism with legitimacy and to avoid the risk that Member States uses it to reinforce nationalist feelings and to provoke European disaffection among the citizens. Critics of the Regulation on conditionality have said that it increases the Union’s powers in a way contrary to the principle of attribution. This work will try to refute this objection.
