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Dora Montenegro Caballero
En 2009, Bolivia introdujo en su Constitución la elección de autoridades judiciales por voto popular, siendo el primer país en hacerlo. Sin embargo, esto ha generado problemas, como la falta de elecciones judiciales en 2023 para reemplazar a las autoridades elegidas en 2017. Para solucionar la situación, la Asamblea Legislativa propuso una ley que suspendía los plazos procesales y el funcionamiento de las cortes hasta la elección de nuevos jueces. No obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional esta suspensión, extendiendo el mandato de las autoridades actuales. En respuesta, el Legislativo aprobó la Ley 075, anulando parcialmente esta decisión del Tribunal.
