En este artículo se expone cómo ha evolucionado en México, principalmente en las últimas décadas, las sanciones penales relativas a delitos cometidos por ministros de culto religioso, lo cual ha ido de la mano con las demandas públicas de víctimas que alzaron la voz en búsqueda de justicia tanto civil como de la iglesia. Asimismo, se analiza cómo no es un trabajo terminado lograr empatar el derecho penal con las disposiciones eclesiásticas. Para efecto de este estudio, se examina el caso del Derecho Canónico, por ser la regulación que más conocemos en nuestro sistema latinoamericano. Finalmente, se reflexiona sobre cómo garantías fundamentales entran en juego, como el doble enjuiciamiento o la imprescriptibilidad de los delitos, privilegiando el derecho de las víctimas a un resarcimiento del daño sufrido por hechos delictivos que sucedieron, principalmente, durante su infancia.