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Rafael García Martínez
Cataluña lleva sumergida en una vorágine regulatoria en el ámbito de la vivienda que se remonta a 2015- 2016, con las primeras normas en materia de alquiler social y emergencia habitacional, pasando por la (anulada) ley catalana de contención de rentas, y que no ha hecho sino coger velocidad a raíz de la entrada en vigor el pasado 26 de mayo de 2023 de la Ley (estatal) 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda al posibilitar esta que las comunidades autónomas declaren zonas de mercado residencial tensionado en las que sea de aplicación el régimen de contención de rentas en los contratos de arrendamiento para uso de vivienda introducido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. La consecuencia directa ha sido una contracción de la oferta de vivienda alquiler y su derivación a otras modalidades de arrendamiento distinto del uso de vivienda, lo que, a su vez, ha generado una nueva reacción regulatoria por parte de las Administraciones públicas.
Catalonia has been immersed in a regulatory frenzy in the field of housing since 2015–16 when the first rules on social leases – the now-annulled Catalan law on rent control – were implemented. They only really gained momentum with the entry into force on 26 May 2023 of Law 12/2023 of 24 May on the right to housing, which allows the Spanish regions to declare municipalities as stressed residential market areas and thus apply to residential leases the rent containment framework introduced in the Urban Leases Law. This has caused a drop in the number of available properties for residential lease because their owners are resorting to other types of lease contracts, which in turn has given rise to a new regulatory reaction.
