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Dolores Sánchez Cubel
La coyuntura que motiva los cambios institucionales del Derecho del Trabajo se enmarca, con suficiencia y no por ello sin polémica, en políticas económico-sociales encaminadas al mantenimiento y creación de empleo y de lucha activa contra el fraude en prestaciones del sistema público de Seguridad Social. En el actual y no agotado debate de la llamada «reforma del mercado de trabajo», no pretende el presente estudio reflexionar sobre la transformación del sistema de Inspección Laboral -salvo la breve consideración que más adelante haremos en relación a la transformación de la naturaleza del Cuerpo de Inspección que realiza el artículo 25 de la Ley 14/1994, reformando la LISOS- sino que el objetivo prioritario de este análisis se centrará en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Ley 8/1988, de 7 de abril (LISOS en lo sucesivo) en aquellas materias cuyos preceptos quedan afectados o alterados, modificados o derogados por el conjunto integrado por las normas de la reforma laboral.
La reforma se inicia, como se sabe, con el Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación [R.D.-L. en lo sucesivo] (BOE 7-12-93, en vigor desde el día siguiente al de su publicación, disp. final 2.ª) (1) y su correspondiente reglamento por el Real Decreto 2317/1993, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla los contratos en prácticas y de aprendizaje y los contratos a tiempo parcial (BOE 31-12-91 entrada en vigor al día siguiente, disp. final 2.ª). Por orden cronológico, la segunda pieza normativa es la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de Protección por Desempleo (BOE 31-12-93, entrada en vigor el 1-1-94, disp. final 2.ª, excepto para la autorización prevista en la disp. adic. 14.ª referente al Texto Refundido de la LGSS), Ley Financiera de «acompañamiento» a la de Presupuestos Generales del Estado, Ley 21/1993, de 29 de diciembre (2). De otro lado, con la misma razón que inspira la reforma, se promulga la Orden Ministerial de 17 de enero de 1994, sobre presentación de las solicitudes de afiliación y alta de los trabajadores en la Seguridad Social y de afiliación, altas y bajas relativas a determinados trabajadores contratados a tiempo parcial (BOE 24-1-1994, vigencia desde el 1-2-1994). Aparece el segundo «paquete normativo» con la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación (LMUFO, en adelante) (BOE del 23, entrada en vigor el 24 de mayo, disp. final 2.ª) que deroga el R.D.-L., cuyo texto incorpora añadiendo y/o modificando algunos aspectos y mantiene la vigencia del Real Decreto 2317/1993 en lo que no se oponga a la citada ley. Simultáneamente, se promulga la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (entrada en vigor el 13-06-1994). Por otra parte, el régimen jurídico de las empresas de trabajo temporal se establece en la Ley 14/1994, de 1 de junio (BOE 2-6-1994, entrada en vigor el 22 de junio).
