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El presente trabajo tiene por objeto hacer una exposición detallada del procedimiento regulado por nuestro ordenamiento jurídico en materia de reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido, haciendo especial hincapié en dos cuestiones largamente controvertidas como han sido, de un parte, la referida al plazo aplicable para la presentación de estas reclamaciones (plazo de caducidad de 30 días o plazo de prescripción de un año) y de otra, la relativa a la parte legitimada para efectuar la presentación de estas reclamaciones (trabajador o empresario).
Ambas cuestiones han alcanzado una solución reciente, en el primer caso por vía judicial con la Sentencia de 19 de mayo de 1993 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en recurso de casación para unificación de doctrina, y en el segundo caso con la reforma sufrida por el artículo 56.5 del Estatuto de los Trabajadores tras la publicación de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE de 23 de mayo y 15 de junio).
