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Salamanca, España
La crisis instalada en el seno de las economías de los países industrializados a partir de la década de los setenta ha tenido la virtualidad de desencadenar un vasto proceso de revisión crítica de las pautas que presidieron el desenvolvimiento del Derecho del Trabajo en los años precedentes, al hilo del cual, no sólo se ha venido demandando de manera constante la introducción de cambios en sus estructuras normativas, sino que se han deslizado también cuestionamientos a su función y sus señas básicas de identidad.
Más allá de la discusión acerca de la necesidad o inevitabilidad de las transformaciones demandadas, detrás de la cual se sitúa muchas veces un aparato de justificación basado en argumentos insuficientemente demostrados o necesitados de múltiples matizaciones (como la consideración de las normas laborales protectoras como uno de los factores causantes de la actual crisis del empleo o uno de los principales impedimentos para su superación, o el entendimiento de que la presencia de este tipo de prescripciones responde a una situación de expansión económica, que debe ser revisada a la baja en tiempos de crisis), resulta indispensable analizar cuáles han sido, en términos reales y efectivos, sus repercusiones sobre la configuración institucional del Derecho del Trabajo, en especial luego de la profunda reforma de la que éste ha sido objeto recientemente en España, con el fin de determinar si son o no portadoras de una mutación de los que hasta el momento se ha venido considerando sus rasgos esenciales.
