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Borja Valenzuela Cossío, Milagros Taranco Segovia
El mundo de la normativa y de los programas de acción en relación con el mundo de las minusvalías es normalmente desconocido. Hay actualmente 16 normas que fomentan la inserción laboral de minusválidos y discapacitados. Todas son medidas de discriminación positiva con un objetivo claro: que es que se den las condiciones imprescindibles para colocar en situación de igualdad de oportunidades a quienes sufren una discapacidad, y por ello, dificultades añadidas para ser seleccionados ante las oportunidades de empleo.
Éste es un tema en el que los factores políticos, sociales y económicos que determinan la problemática general de las minusvalías no se le escapan a ningún observador por miope o ingenuo que sea. En efecto, es imposible abordar la problemática laboral de los minusválidos sin hacer referencia al sistema de producción y a la situación concreta del mercado laboral en un momento determinado. A la buena voluntad más manifiesta le es imposible ignorar que las declaraciones de principios, las necesidades de grupos o individuos, pueden entrar en conflicto con las necesidades propias del sistema, o que el empleo de un trabajador depende de la productividad marginal, concepto económico en cuya configuración no es determinante ni mucho menos la capacidad laboral del sujeto en cuestión. Todo el mundo tiene conciencia de que el trabajo es un bien escaso en nuestra sociedad y que el sistema económico posee su propio sentido de la racionalidad.
