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José Salvador Martínez Fenoll
Bajo el título «Servicios de Prevención» el Capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL en adelante) recoge y regula a través de tres artículos dichos servicios preventivos con el siguiente contenido:
A la protección y prevención de riesgos profesionales se refiere el artículo 30; a los Servicios de Prevención propiamente dichos, el artículo 31; mientras que el artículo 32 hace referencia a la actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales.
Puede calificarse el texto legal que nos ocupa con carácter general como un evidente paso adelante en el terreno de la seguridad, higiene y prevención de la salud y de los riesgos laborales, puesto que, de alguna manera, se configura por primera vez un marco general y homogéneo en la que podría desarrollarse y avanzar esta materia en nuestro Derecho interno, pudiéndose determinar las distintas acciones preventivas de una forma coherente con las directrices comunitarias en el deseo de alcanzar, progresivamente, el objetivo de una conjunción y armonización paulatina de las condiciones de trabajo en los diferentes países Europeos, poniéndose término, como señala la Exposición de Motivos del texto normativo, a la falta de visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión normativa vigente, tan tradicional en nuestro Derecho interno, fruto, sin duda, de la torpe acumulación en el tiempo de normas de muy diverso rango y orientación, eliminándose, igualmente, todas las normas y preceptos desfasados, caducos y trasnochados de nuestras disposiciones legales sobre la materia, pretendiéndose por el nuevo texto actualizar las normas y preceptos legales aprovechables y regular situaciones nuevas que no se contemplaban con anterioridad.
