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Antonio Fuertes Leganés
La figura de un recargo o aumento en las prestaciones inherentes a los siniestros laborales, cuando su acaecimiento ha sido propiciado por determinados defectos atribuibles al empresario en materia de seguridad e higiene, data en nuestro Derecho positivo de tiempos que bien podríamos calificar de pretéritos, y así la primera regulación que en materia de accidentes de trabajo existe en España, la Ley de 30 de enero de 1900 que viene a significar un hito histórico en la formación de los sistemas de previsión que desembocarían en nuestra actual normativa de Seguridad Social, ya prevé en su artículo 5.º, apartado 5.º que «las indemnizaciones determinadas por esta Ley se aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de precaución…». Posteriormente, la aparición del correspondiente reglamento que fue aprobado por Real Decreto de 28 de julio ratificaba el criterio de la ley, estableciendo su artículo 64 otro principio que aún pervive en la legislación actual y es que ese aumento de indemnizaciones sería procedente «… con independencia de toda clase de responsabilidades».
La Ley de 10 de enero de 1922, de Accidentes de Trabajo, en su artículo 6.º especificaba que «las indemnizaciones determinadas por esta Ley se aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obras cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de precaución a que se refiere el artículo 17, regla 5.ª, párrafo 1.º» y añadiéndose otro nuevo matiz, que como el anterior referido a la compatibilidad del recargo con otro tipo de indemnizaciones, establecía que «... el riesgo de la indemnización especial a que se refiere esta disposición quinta no puede ser materia de seguro...».
