Acceso usuarios
José Luis Monereo Pérez 
, Cristóbal Molina Navarrete
La lucha contra la exclusión social se ha convertido, dada la creciente complejidad y extensión del fenómeno, en uno de los principales retos de las sociedades occidentales. La exclusión social no debe identificarse con la pobreza, entendida ésta como la dificultad o imposibilidad de bienestar de una determinada sociedad. La pobreza, en sus viejas y nuevas formas, es, junto con la precariedad de los tejidos relacionales, su manifestación más visible, pero no su esencia conceptual. En realidad, la exclusión social se define como la imposibilidad, incapacidad o dificultad extrema de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al trabajo, pero también el derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a la vivienda digna, a la protección social..., esto es, de todos aquellos que otorgan el status de ciudadanía social al individuo. Uno de los principales instrumentos creados y actuados para luchar eficazmente contra la exclusión social ha sido, justamente, el reconocimiento de un nuevo derecho social que incorpora una prestación de servicio público de nuevo tipo, la renta mínima de inserción. Ahora bien, para que este instrumento pueda cumplir con la debida eficacia esta función es obligado, en nuestros días, proceder a una reformulación conceptual, institucional, normativa y financiera, en la dirección de convertirlo en un auténtico derecho social de ciudadanía y no en una mera prestación asistencialista y residual más. El estudio de los diversos modelos normativos de regulación de estas prestaciones, tanto en el ámbito nacional, esto es, en las diversas Comunidades Autonómicas, cuanto en los países de la Unión Europea, centra esta primera aproximación de los autores a un tema tan complejo social, económico, político y jurídicamente como éste.
