Acceso usuarios
María de los Reyes Martínez Barroso 
La «inacabada» reforma de la incapacidad permanente llevada a cabo por el artículo 8 de la Ley de Consolidación y Racionalización del sistema de la Seguridad Social y su incipiente desarrollo reglamentario incide no sólo en la denominación de la prestación sino también y sobre todo -como se pone de manifiesto en este estudio- en la calificación de sus grados a partir de un concreto porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado difícil de valorar de acuerdo con una lista de enfermedades remitida a ulterior fijación reglamentaria. La ampliación de la discrecionalidad del Gobierno en un aspecto básico del diseño de la acción protectora, sin parangón en ninguna otra prestación del sistema, será pues objeto de análisis y de crítica desde una perspectiva jurídica en las páginas que siguen.
