Tras el fallido intento la pasada legislatura de desarrollar una reforma procesal de calado desde punto de vista organizativo, digital y procesal que salvara la deriva de pendencia y el sempiterno colapso de la administración de justicia, en esta nueva legislatura inaugurada en el último tercio de 2023, el ejecutivo, con la principal motivación de invertir de modo urgente los fondos “next generation”, ha planteado por la vía del Decreto Ley una reforma donde abarca parte de las reformas que los proyectos de 2022 planteaban.