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El artículo analiza la introducción del «procedimiento testigo» en el Real Decreto-ley 6/2023, que busca reducir la litigiosidad en contratos de consumo y garantizar la seguridad jurídica. Esta figura permite la suspensión de procedimientos con objeto sustancialmente idéntico hasta que se resuelva un pleito testigo, evitando así resoluciones contradictorias y promoviendo la economía procesal. Sin embargo, su aplicación práctica presenta desafíos, como la identificación del procedimiento testigo y la necesidad de identidad subjetiva entre demandados. El tiempo determinará si esta medida logra su objetivo principal de reducir la litigación en masa.
