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A finales de marzo de este año ha culminado el proceso legal para concretar en un único orden jurisdiccional, el Social, todo lo relativo al reconocimiento de la situación de dependencia y de discapacidad, así como las prestaciones públicas de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. En este trabajo pretendo hacer un análisis de las razones por las que se han tomado esa decisión. Pero, sobre todo, persuadir a mis compañeros para que se señalen con urgencia este tipo de procesos, dados los intereses en juego. Y es que, en la reciente reforma legal, echo de menos una norma que expresamente así lo establezca, aunque es cierto que ya se prevé en la Ley el señalamiento preferente cuando la persona que acude al proceso tenga ochenta o más años, tenga o no reconocida discapacidad o dependencia.
