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Irene Ruiz Olmo
El presente trabajo aborda el compromiso manifestado por algunas Administraciones públicas en promover la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacía un nuevo modelo energético a través de la contratación pública. En esta eclosión de objetivos, cobra especial significación la inclusión de criterios de reducción del consumo de energía mediante el fomento del uso de energías renovables en los contratos de suministro de electricidad –que, en rigor, son en los que más encaje tienen–, o criterios de eficacia energética en los edificios públicos entre las condiciones administrativas particulares de la contratación. Para ello, tanto la legislación climática como los programas de actuación sectoriales juegan un papel determinante.
