Madrid, España
La nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción reconoce ciertos derechos básicos de las personas afectadas en los canales de denuncia. Entre ellos se incluyen la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el acceso al expediente y la confidencialidad. Aunque parece un reconocimiento positivo, la realidad es mucho más compleja, especialmente en el ámbito privado, donde no existen procedimientos administrativos legalmente establecidos como sucede en el sector público.