El multipartidismo ha desdibujado el nítido deslinde entre administración y política, y con ello la arquitectura institucional de los gobiernos municipales, agudizando practicas indebidas como la inadecuada calificación de los escritos presentados en las sesiones plenarias, dando lugar a problemas de credibilidad de las instituciones, debates en torno a la ejecutividad de los acuerdos plenarios y la quiebra de principios tan arraigados como el nomen iuris y el ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Debemos reconducir esta situación y la única solución pasa por la simple pero efectiva aplicación de la Ley, ruego y moción, ni son la misma cosa ni se parecen.