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El acuerdo de financiación autonómica entre el PSC y ERC otorgaría a Cataluña una mayor autonomía fiscal y un modelo similar al sistema foral del País Vasco y Navarra. La Agencia Tributaria de Cataluña gestionaría la recaudación, y se establecería una contribución limitada a la nivelación interterritorial, siguiendo el “principio de ordinalidad” para no alterar su posición fiscal. Este pacto, requiere aprobación legislativa, plantea riesgos, como reducir la capacidad de respuesta ante crisis asimétricas y fragmentar la política tributaria. Su aplicación incentivaría a otras regiones a solicitar un régimen similar, impactando el equilibrio fiscal nacional y el modelo de descentralización.
