La percepción de seguridad ciudadana es crucial para desarrollar una estrategia efectiva en seguridad pública. Sin embargo, históricamente los poderes del Estado han descuidado este indicador en favor de otros. Este artículo señala que una de las principales razones de esta omisión es la falta de inclusión de dicho indicador en el marco jurídico. Por lo tanto, se argumenta que la reforma legislativa es esencial para priorizar la percepción de seguridad pública como un eje central en la acción del Estado.