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Angel de la Fuente Junco
En esta nota se resume el contenido del reciente acuerdo entre el PSC/PSOE y ERC para dotar a Cataluña de un modelo singular de financiación, se valoran sus méritos y se recogen algunas reflexiones sobre ciertas cuestiones que han jugado un papel importante en el debate público sobre el documento, incluyendo los inconvenientes de fragmentar la gestión tributaria, el supuesto carácter federal o no del concierto catalán, la naturaleza de las amenazas a la solidaridad territorial y los méritos del principio de ordinalidad en la financiación autonómica.
La principal conclusión del trabajo es que la tesis del Gobierno de que el acuerdo con ERC puede servir de base para una reforma del sistema de financiación que beneficie a todas las partes no es creíble. De hecho, los elevados costes que previsiblemente tendría la implementación del acuerdo apuntan a la necesidad de buscar una vía alternativa, que no debería comprometer ni el principio de solidaridad ni la autonomía del Gobierno central. Los ingredientes esenciales de esa alternativa tendrían que ser una administración tributaria única pero realmente de todos (quizás a través de un consorcio a 16 en lugar de 15 consorcios a dos), el respeto de la ordinalidad en financiación por habitante ajustado y la conversión de las tradicionales cláusulas de statu quo en compensaciones transitorias
This note summarizes the recent agreement between the PSC/PSOE and ERC to establish a unique financing mode for Catalonia, assesses its merits and collects some reflections on certain issues that have played an important role in the public debate on the document, including the disadvantages of fragmenting tax management and collection, the supposed federal character or not of the new concertation system proposed for Catalonia, the nature of the threats to territorial solidarity and the merits of the principle of ordinality in autonomous financing.
The main conclusion is that the Government’s thesis that the agreement with ERC can serve as the basis for a reform of the financing system that will benefit all parties is not credible. In fact, the high costs that the implementation of the agreement would foreseeably have point to the need to seek an alternative path, which should not compromise either the principle of solidarity or the autonomy of the central Government. The essential ingredients of this alternative would have to be a single but truly shared tax administration (perhaps through a consortium of 16 instead of 15 consortiums of two), respect for the ordinality criterion in financing per adjusted inhabitant and the conversion of the traditional status quo clauses into temporary transitional. compensations
