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El conflicto que resuelve la STC 19/2024, de 31 enero, plantea un problema competencial, consistente en dilucidar si las Comunidades Forales del País Vasco y Navarra pueden asumir competencias en la gestión y pago del Ingreso Mínimo Vital. Se trata, precisamente de dos autonomías que tienen un régimen específico y peculiar en materia tributaria y en lo que afecta a la financiación de las pensiones no contributivas. El TC, entiende que en estos casos la caja única de la Seguridad Social que gestiona la TGSS, no se desgaja, sin menoscabo de la misma de la titularidad estatal de sus fondos, y que la ejecución del pago por las comunidades autónomas forales también preserva el modelo unitario de Seguridad Social aplicable a dicha actividad material.
