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Óscar Fernández Márquez
Las sentencias del período analizado tratan sobre todo cuestiones de prevalencia del ordenamiento comunitario sobre el derecho de los Estados miembros (en materias como igualdad de trato, contratación temporal, empresas de trabajo temporal, tiempo de trabajo, despidos colectivos, discapacidad o protección en casos de insolvencia empresarial), de supremacía constitucional (distribución territorial de competencias, límites del decreto-ley), así como de los clásicos asuntos del convenio colectivo como fuente del derecho (acuerdosde empresa, suplementariedad convencional, convenio aplicable en sucesiones de empresas), autonomía privada individual (expresión tácita de la voluntad, condición más beneficiosa, diferencia con el convenio extraestatutario), o la innovación o creación judicial del derecho (retroactividad de la jurisprudencia, cosa juzgada, límites de interpretación judicial innovativa). Destacan sentencias como la STJUE 20 febrero 2024, asuntos C-59/2022, C-110/2022 y C-159/2022 (condiciones comunitarias de validez de la figura del indefinido no fijo de la Administración Pública española), la STJUE 22 febrero 2024, asunto C-589/2022 (cómputo de extinciones en despidos colectivos anticipada al momento de existencia de una mera intención o proyecto de ajuste de plantilla), STJUE 18 enero 2024, asunto C-631/2022 (que cuestiona la automaticidad de la causa extintiva de incapacidad permanente del trabajador), STC 19/2024, de 31 de enero de 2024 y STC 32/2024, 28 febrero (que convalidan las competencias asumidas por Navarra y el País vasco en la gestión del IMV), STC 22/2024, de 12 de febrero de 2024 (derecho a salarios de tramitación a cargo del Estado en despido nulo de trabajadora embarazada con readmisión imposible), STC 144/2023, de 25 octubre (concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad del Decreto-Ley Rider),STS 478/2024, de 14 marzo (preaviso mínimo legal imperativo de 5 días en distribuciones irregulares de la jornada de origen convencional), la STS 966/2023, de 14 noviembre (irretroactividad de la jurisprudencia que cambia la interpretación de las leyes), o la STS 191/2024, de 29 enero (la creación del derecho contra legem como límite de la hermenéutica judicial).
