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Fernando Lousada Arochena
La Sentencia de 8 de octubre de 2024 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, objeto de comentario, estima la demanda de un trabajador denunciante de irregularidades cometidas por su empleadora relacionadas con el medio ambiente. A tales efectos, el Tribunal recuerda los aspectos esenciales de su doctrina previa sobre denuncias de irregularidades y sobre ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de las relaciones laborales. El Estado está obligado a garantizar la libertad de expresión también en las relaciones entre personas privadas. Los órganos judiciales nacionales están obligados a motivar en términos suficientes para que el Tribunal puede verificar si se ha cumplido esa garantía. Sin embargo, en el caso no especificaron qué afirmaciones del demandante podrían ser difamatorias, ni analizaron los argumentos del demandante en relación con su preocupación de denunciar las irregularidades a sus superiores, y nunca apreciaron mala fe en la actuación del demandante. Tampoco los órganos judiciales nacionales examinaron en absoluto la relación entre el deber de lealtad del demandante y el interés público de estar informado sobre las cuestiones medioambientales y la percepción de irregularidades en la enorme fábrica de productos químicos en Armenia.
The Judgment of October 8, 2024 of the European Court of Human Rights, subject of comment, upholds the claim of a worker who reported irregularities committed at his employer related to the environment. For these purposes, the Court recalls the essential aspects of its previous doctrine on complaints of irregularities and on the exercise of freedom of expression in the context of labor relations. The State is obliged to guarantee freedom of expression also in relations between private persons. National judicial bodies are required to provide reasons in sufficient terms so that the Court can verify whether that guarantee has been met. However, in the case they did not specify which statements by the plaintiff could be defamatory, nor did they analyze the plaintiff's arguments in relation to his concern to report irregularities to his superiors, and they never found bad faith in the plaintiff's actions. Nor did the national judicial bodies at all examine the relationship between the plaintiff's duty of loyalty and the public interest in being informed about environmental issues and the perception of irregularities in the huge chemical factory in Armenia.
