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En este artículo se aborda la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de dos asuntos relativos al a interpretación del Reglamento (UE) 848/2015, de insolvencia, fruto de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca sobre el tratamiento de los créditos laborales reconocidos entre la apertura del procedimiento principal y el secundario y sobre la ubicación de los bienes del concurso territorial cuando éstos han sido desplazados hacia el principal por el administrador concursal de este último, así como la posibilidad de recuperar dichos bienes para el procedimiento territorial cuando dichos bienes estaban embargados para proteger los créditos laborales reconocidos en España. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece una delimitación temporal precisa para resolver las cuestiones al tiempo que reconoce la facultad del síndico del procedimiento territorial de solicitar la revocación del traslado de los bienes, soluciones que encajan formalmente en las reglas del Reglamento, si bien pueden suscitar alguna reflexión desde una lectura más teleológica del texto.
This article deals with the decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning the interpretation of Regulation (EU) 848/2015 on insolvency, in the context of several preliminary rulings which were raised by the Juzgado de lo mercantil No. 1 of Palma de Mallorca regarding on the one hand the ranking of employment claims upheld by a court between the opening of the main and secondary proceedings; on the other hand, the location of the assets of the territorial insolvency proceedings when these assets have been moved to the main proceedings by the insolvency administrator of the latter, and lastly, the possibility of recovering such assets for the territorial proceedings when such assets were seized to ensure the employment claims in Spain. The decision of the CJEU establishes a precise temporal delimitation to solve the issues while recognizing the power of the insolvency administrator of the territorial proceedings to request the avoidance of the transfer of the assets. These solutions fit formally with the rules of the Regulation, although a more teleological reading of the text may deserve additional reflection.
