Santiago Hurtado Iglesias
Se analiza la interpretación del artículo 684.4 del Texto Refundido de la Ley Concursal (Texto Refundido de la Ley Concursal) en el contexto de la homologación de planes de reestructuración, especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES). A pesar de que se opinaba que la reforma introducida por la Ley 16/2022 y la Directiva 1023/2019 se había diseñado inicialmente para grandes corporaciones, se ha demostrado que el sistema es lo suficientemente flexible para adaptarse a empresas de menor tamaño. Se destaca la importancia de la jurisprudencia en la aplicación de estas normas y cómo las recientes resoluciones judiciales han interpretado el artículo 684.4 como una regla especial de aprobación que prevalece sobre las disposiciones generales del artículo 639 del Texto Refundido de la Ley Concursal.
Se también aborda la tensión entre la regla de prioridad absoluta y la regla de prioridad relativa, subrayando que el artículo 684.4 permite la homologación de planes de reestructuración siempre que las clases de acreedores disidentes reciban un trato más favorable que cualquier otra clase de rango inferior.
The interpretation of Article 684.4 of the Spanish Recast Insolvency Law (Texto Refundido de la Ley Concursal) is analysed in the context of the approval of restructuring plans, especially for small and medium-sized enterprises (SMEs). Despite the view that the reform introduced by Law 16/2022 and Directive 1023/2019 was initially designed for large corporations, it has been shown that the system is flexible enough to be adapted to smaller companies. It highlights the importance of case law in the application of these rules and how recent court decisions have interpreted Article 684.4 as a special approval rule that prevails over the general provisions of Article 639 of the Texto Refundido de la Ley Concursal.
The tension between the absolute priority rule and the relative priority rule is also addressed, highlighting that Article 684.4 allows for the approval of restructuring plans provided that dissenting classes of creditors are treated more favourably than any lower ranking class.