El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que ha de reconocerse un derecho de acceso amplio a la documentación generada o adquirida en el marco de los procedimientos de elaboración de disposiciones normativas, por la estrecha conexión que, en un estado democrático como el español, existe entre el procedimiento legislativo y los principios de publicidad, transparencia y participación en los asuntos públicos. Como regla, debe reconocerse el derecho de acceso a los documentos elaborados o adquiridos en el marco de los procedimientos normativos, no sólo cuando éstos han concluido, sino también cuando están en curso.
Sin embargo, el Consejo yerra al considerar que es lícito denegar el acceso a documentos de gran interés como las fichas de valoración de las alegaciones y comentarios aportados en el trámite de consulta de pública en el proceso legislativo.