María A. Esteban Villar
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), pretendía mejorar la calidad de la construcción y proteger a los adquirentes y usuarios frente a los daños derivados de vicios constructivos. Aunque reducía notablemente los plazos de garantía y prescripción, en contrapartida, instauraba garantías de resarcimiento en forma de seguros de daños o de caución. Un cuarto de siglo después de su aprobación sigue pendiente la implantación de los seguros trienal y anual, que operarían como protección de los adquirentes ante los daños y patologías más frecuentes, haciendo inaplazable una revisión normativa en este punto.