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Santiago, Chile
Estados Unidos
En muchos países, las personas sometidas a pena aflictiva pierden el derecho a sufragio de forma indefinida. En otros, como en Chile, solo se les suspende mientras dure su privación de libertad. El debate sobre qué tan justificado es privar a las personas de su derecho al sufragio no siempre se relaciona con los estudios sobre las consecuencias de restringir ese derecho. Después de una discusión sobre los determinantes de la participación electoral, argumentamos que la existencia de personas inhabilitadas para votar es una dimensión que refleja bien el efecto negativo de la marginalización social en la participación electoral. Con datos de pobreza y la tasa a nivel comunal de las 266.120 personas inhabilitadas para votar en las 345 comunas de Chile, mostramos que tanto la pobreza como la tasa de inhabilitados para votar impactaron negativamente en la participación electoral en la elección presidencial de 2021. Argumentamos que la tasa de personas privadas de libertad por estar condenadas a pena aflictiva es una dimensión de marginalidad y exclusión social que complementa la dimensión más comúnmente usada, la tasa de pobreza. Concluimos llamando a extender el derecho a voto a las personas privadas de libertad y a asegurar el ejercicio de ese derecho a los privados de libertad que no han sido condenados.
In many countries, felons lose their right to vote indefinitely. In others, such as Chile, they are suspended only for the duration of their sentences. The debate over how justified it is to deprive people of their right to vote is not always associated with the studies on the consequences of restricting that right. After a discussion of the determinants of voter turnout, we argue that the presence of persons removed from the electoral registry is a useful dimension that shows the negative effect of social marginalization on voter turnout. Using poverty data and the community-level rate of the 266,120 people ineligible to vote in Chile’s 345 municipalities, we show that both poverty and the rate of people ineligible to vote had a negative impact on voter turnout in the 2021 presidential election. We claim that the rate of ineligible voters who have been convicted of felonies is a dimension of marginalization and social exclusion that complements the more commonly used poverty rate. We conclude by calling for the right to vote to be extended to persons deprived of liberty and to ensure the exercise of that right to those deprived of liberty who have not been convicted.
