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Jaume Ferrer Lloret 
En especial desde 2015, algunos Estados miembros, y entre ellos destaca el caso de Hungría, han protagonizado incumplimientos muy notorios de las normas del Derecho de la Unión Europea (DUE) que regulan el llamado sistema europeo común de asilo (SECA). La Comisión Europea ha iniciado un buen número de procedimientos por infracción del DUE, pero en muy pocos supuestos ha presentado un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia (TJ). Con la principal excepción de Hungría, Estado miembro que acumula varias sentencias del TJ en las que se declara que ha incumplido de forma excepcionalmente grave las normas del SECA.
Pero la ejecución de estas sentencias se ha enfrentado con la falta de colaboración de las autoridades húngaras. Por fin, en junio de 2024, el TJ ha impuesto una sanción económica a Hungría de una notable cuantía por sus incumplimientos excepcionalmente graves de las normas del SECA. Aunque se debe poner de manifiesto que han tenido que transcurrir nada menos que nueve años para que el TJ sancione a Hungría. Por ello, la Comisión Europea debería ser mucho más diligente y resolutiva a la hora de interponer recursos por incumplimiento ante el TJ. Además, cuando se trate de incumplimientos tan graves como los protagonizados por las autoridades de Hungría —como así lo ha confirmado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, la Comisión Europea debería solicitar medidas provisionales, con el apercibimiento de que, en el caso de que estas no sean cumplidas, se imponga una multa coercitiva. En los próximos años se podrá comprobar si en el contexto del complejo sistema institucional de la UE y de los procedimientos previstos por el DUE, se garantiza el efectivo cumplimiento de las normas del SECA. Tanto de las normas sobre el SECA que en la actualidad son de aplicación, como del “paquete” normativo adoptado en 2024 y cuya aplicación está prevista para mediados de 2026. No obstante, la heterogeneidad que afecta al proceso de integración europea, incluso por lo que se refiere al respeto de los valores sobre los que se fundamenta, como se demuestra con toda claridad en el caso de Hungría, no permite demasiado optimismo al respecto
Some member states, most notably Hungary, have been responsible for several blatant breaches of European Union law (EU law), rules governing the so-called Common European Asylum System (CEAS), especially since 2015. The European Commission has launched some EU law infringement actions, but in very few instances it has brought an action for failure to fulfil obligations before the Court of Justice (CJ). The main exception is Hungary, a member State that has accumulated several CJ judgments finding that it has committed an exceptionally serious breach of the CEAS’s rules. However, the enforcement of these judgments has met with a lack of cooperation from the Hungarian authorities. Finally, in June 2024, the CJ imposed a financial penalty on Hungary of a considerable amount for its exceptionally serious violations of the CEA’s rules; however, it should be noted that it has taken no less than nine years for the CJ to sanction Hungary. The European Commission should therefore be much more diligent and decisive in bringing actions for failure to fulfil obligations before the CJ. Furthermore, in the case of such severe breaches as those committed by the Hungarian authorities —as has also been confirmed by the European Court of Human Rights—, the European Commission should also seek interim measures, under the warning that a periodic penalty payment will be imposed if they are not complied with. In the coming years it will become clear whether, in the context of the complex institutional system of the EU and the procedures foreseen by the EU law, the effective application of the rules of the CEAS is ensured. Both the CEAS’s rules that currently apply and the regulatory ‘package’ adopted in 2024 (the latter due to be implemented by mid-2026). However, the heterogeneity of the European integration process, also in terms of respect for the values on which it is based, as demonstrated clearly in the case of Hungary, does not allow for much optimism in this regard.
