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¿Se podría interponer por un ciudadano corriente una reclamación o demanda ante un tribunal de Justicia de lo contencioso-administrativo para exigir responsabilidad patrimonial por una mala gestión pública de un responsable político, con fundamento en un derecho subjetivo a una Administración eficiente? y ello con independencia de la derivación, en su caso, de responsabilidades contables, y sin perjuicio de otras exigencias jurídicas.
