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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su reciente sentencia 1357/2024, pone de manifiesto «que es un fenómeno conocido, y extendido, que entidades locales acudan a prácticas ilegales (en el sentido de no amparadas en la Ley) de externalización, en un indiscutible núcleo duro del poder público: la actuación tributaria, y, en su seno, nada menos que el desarrollo de funciones de Inspección. Se acude para ello a la contratación, adjudicándose servicios que, bajo la pretensión de ser de mera "colaboración", o "auxiliares", implican verdadero ejercicio de autoridad».
