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Sonia Esperanza Rodríguez Boente
La exclusión de la prueba ilegal en el seno del proceso penal, regulada en el artículo 11.1 de la LOPJ, ha perdido gran parte de su eficacia merced a una línea interpretativa jurisprudencia! que ha pretendido, y casi conseguido, vaciarla de contenido. El presente trabajo aborda las causas que han conducido a esta situación, el debate doctrinal que ha suscitado, e introduce una propuesta de solución que ha encontrado eco, si bien parcial, en el último proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal conocido.
The exclusion of illegal evidence in criminal proceedings, regulated in article 11.1 of the LOPJ, has lost much of its effectiveness thanks to a line of jurispru dential interpretation that has attempted, and almost succeeded, in emptying it of its content. This paper deals with the causes that have led to this situa tion, the doctrinal debate that has arisen, and introduces a proposed solution that has found an echo, albeit a partial one, in the latest draft of the Criminal Procedure Act.
